Francisco Aranda VargasPSOE
Diputado
«Gracias, señor presidente. Señorías, con el debate de hoy damos cumplimiento a un nuevo paso en la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal; una ley consensuada entre los dos principales partidos de esta Cámara y que viene acompañada del proceso de nombramiento de los vocales no judiciales para el Consejo General del Poder Judicial, en el que estamos inmersos tanto el Congreso como el Senado. Es decir, desde el Poder Legislativo estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional y legal; tarde, eso sí, concretamente, seis años tarde; seis años en defensa propia del PP porque, cuando no gobiernan, quieren que los jueces les faciliten lo que no les han dado las urnas. (Aplausos). Señorías, la merma del mandato constitucional, por expirar los cinco años marcados en la Constitución, ha supuesto una pérdida de legitimidad del órgano. Asimismo, su no renovación en tiempo y forma ha degradado el normal funcionamiento del sistema democrático. Por ello, quisiera comenzar haciendo un poco de memoria con una serie de datos objetivos y objetivables. Primero, el 4 de diciembre de 2013, los veinte vocales del nuevo Consejo General del séptimo mandato tomaron posesión de su cargo ante el Rey don Juan Carlos. En ese momento, los vocales elegidos, fruto del acuerdo entre el PP -entonces en el Gobierno- y el PSOE -entonces en la oposición-, iniciaban una andadura cuyo mandato constitucional era y es de cinco años, es decir, hasta 2018. Segundo dato, cinco años más tarde, el 1 de junio de 2018, en esta Cámara salía adelante por primera vez en la historia una moción de censura, finalizando así el Gobierno del presidente Rajoy, solo unos días después de que la Sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenara a 29 de los 37 acusados en el juicio del caso Gürtel. Y no son presunciones los delitos como asociación ilícita, fraude a la administración, cohecho activo y pasivo, falsedad en documento mercantil, malversación, blanqueo de capitales y un largo etcétera. Pareciera que no, pero ese tema tiene y ha tenido su importancia. Dos meses más tarde, el 3 de agosto de 2018, se publicaba el acuerdo del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General por el que se disponía el inicio del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial; el 3 de agosto de 2018. Lo que debía ser un proceso similar al de 2013, con un acuerdo entre los dos grandes partidos, se ha alargado de manera innecesaria casi seis años. Para que nos entiendan en casa, el órgano de gobierno de los jueces y juezas ha estado más tiempo con el mandato caducado que en su periodo legal.»
Fragmento 1 de 4 de esta intervención.