«Todo el mundo entiende que en Cataluña tenemos bien definidas las funciones de los bomberos de la Generalitat y del Cuerpo de Agentes Rurales. La misión de los primeros es velar por la seguridad de las personas, de los bienes y también de la naturaleza mediante la prevención, extinción de incendios y salvamento; y la misión del Cuerpo de Agentes Rurales y sus funciones tienen que ver con la protección del entorno, de las personas, de los animales, de las plantas, del patrimonio natural, de la investigación de las causas de un incendio forestal; por ejemplo, la detección de una plaga forestal, la denuncia de un vertido en el río y un largo etcétera. Ambos cuerpos se rigen por sus respectivas leyes, aprobadas obviamente por el Parlamento de Cataluña. Por ese motivo, el primer escollo con el que podríamos topar aquí son temas competenciales, y este escollo obviamente era una línea roja; línea roja superada. El otro gran objetivo de Esquerra Republicana en esta ley era conseguir el reconocimiento del derecho a jubilarse anticipadamente a los agentes rurales. Esta no es una reivindicación nueva, es histórica del Cuerpo de Agentes Rurales, que la Generalitat de Catalunya ya se hizo suya en 2021 mediante el acuerdo del 13 de abril que los representantes sindicales del sector en aquel momento rubricaron con el Gobierno de la Generalitat. En ese momento, el Gobierno de la Generalitat se comprometió a asumir los costes de los coeficientes reductores y a estabilizar la plantilla para garantizar que, por motivos de peligrosidad -y entiendo que son muy fáciles de entender por parte de todo el mundo-, los agentes rurales tuvieran el derecho a jubilarse anticipadamente. A pesar de la voluntad coincidente de la Generalitat y del cuerpo, esto era jurídicamente imposible por la negativa reiterada del Estado.»

Fragmento 7 de 9 de esta intervención.