«En más de cuarenta años de democracia, los diferentes gobiernos han entendido que las competencias sobre esta materia recaen en las comunidades autónomas. Por lo tanto, con la creación de una ley básica que engulle el resto de las normas que han venido funcionando hasta el momento, nosotros vemos una posible invasión de competencias, llegando a suponer, en algunos puntos, un claro retroceso en la regulación de los empleados públicos. Aunque tampoco nos sorprende, porque estamos ante el Gobierno más centralista que hemos tenido, a pesar de estar sustentado por todos los partidos independentistas. En fin, es una más de las cosas que son difíciles de entender de este desgobierno que tenemos. Para que quede claro, en el Partido Popular defendemos una norma que recoja las sensibilidades de todos y cada uno de los derechos laborales de unos trabajadores sin cuya labor nuestra sociedad estaría desprotegida; es de justicia. Pero también creemos que las cosas deben hacerse bien y conforme a la ley. Si tenemos en cuenta los antecedentes, involucrar a las comunidades autónomas es esencial. No creemos en una ley de mínimos comunes, sino en una ley que recoja las casuísticas existentes en todos los territorios del Estado, en el que cada uno cuenta con su propia realidad y sus propias características. Lo curioso del caso es que este régimen básico se impondría a la mayoría de las comunidades autónomas, pero dejaría fuera a País Vasco y Navarra, basándose en su régimen foral. Lo de la cacareada igualdad que promulga el Gobierno del señor Sánchez a veces lo que provoca es hasta risa. ¿O es esta la famosa cláusula firmada entre el PSOE y el PNV para dejar fuera de las leyes lo que no les gusta? Si en el País Vasco no se va a aplicar porque no es buena, ¿por qué la quieren imponer a los demás? ¿Son de segunda los agentes de otras comunidades autónomas? (Aplausos).»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.