«Nuestro país lleva luchando desde el siglo XIX de forma explícita, a través de diferentes legislaciones, contra los incendios forestales: primero, configurando una administración forestal en la que la prevención, la extinción y la protección de los bienes y personas, así como la restauración de masas forestales, era lo adecuado; después, la Constitución del 78 atribuyó al Estado la competencia exclusiva en la legislación básica, correspondiendo -apúntenselo, señorías del Partido Popular- a las comunidades autónomas, que son las competentes para el resto de competencias, entre ellas, lo que vienen aquí a pedir y que donde gobiernan no ejecutan; todo lo contrario, incumplen y recortan. En este sentido, contamos, además, con un marco básico en nuestro país, con la Ley de Montes, con la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, con la Directiva básica de planificación de Protección Civil ante emergencia por incendios forestales. Y también, señorías -apunten-, el Real Decreto Ley 15/2022, de 1 de agosto, que estableció la coordinación necesaria y todo lo que el Estado puede llegar a legislar desde este Parlamento, como bien conocen. Así que, señorías, creo que todos compartiremos que el fenómeno de los incendios forestales -y la responsabilidad de este Parlamento es aprobar medidas para que los que se juegan la vida en ellos estén en las mejores condiciones- es un fenómeno que no atiende ni a separaciones administrativas, ni a separaciones territoriales, ni a separaciones competenciales, ni estacionales, ni, por supuesto, de propiedad.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.