«Este real decreto contempla medidas de apoyo social importantes para evitar que nadie se quede atrás. El refuerzo a los servicios sociales y a la protección de colectivos más vulnerables es el compromiso de este Gobierno con los derechos humanos y, también, con la justicia social. Que los ciudadanos y ciudadanas no deban tributar ni declarar cuando ganan anualmente menos del salario mínimo es un paso en la buena dirección, ministra. Sin duda, lo es. Una nueva fiscalidad justa para que los más ricos, los especuladores o, por supuesto, los evasores, que suelen ser - usted lo sabe- a menudo las mismas personas, contribuyan lo que les toca es el siguiente paso que este Gobierno tiene que dar, y es urgente. Les decía que esta ley incluye medidas fiscales para aliviar la situación, como los subsidios directos a familias y empresas o la bajada de impuestos a alimentos básicos, pero sin duda debemos ir mucho más allá. Es urgente y necesario el control de precios -digámoslo sin ningún tipo de miedo; sí, control de precios- para garantizar una cesta básica, por ejemplo, de la compra, que sea asequible, y en ello vamos a seguir insistiendo. Igual o más urgente, incluso, es el control de precios de la vivienda. Hoy en día tenemos a profesores y profesoras durmiendo en no pocos territorios de nuestras latitudes en caravanas, tenemos a jóvenes pagando 600 y 700 euros por una habitación individual, tenemos a camareras y camareros haciendo camas calientes, sí, camas calientes, para poder trabajar, y eso es inaceptable. Tenemos a miles de vecinos y vecinas marchándose del lugar donde siempre han vivido y quisieran seguir viviendo porque no pueden permitirse un piso en esas localidades. Yo creo que hay que decirlo alto: basta de tibiezas que no garantizan ni siquiera el derecho a la vivienda y de miradas absolutamente vergonzantes que ponen por delante que te sirvan un espeto o un vino a los derechos de las personas que trabajan o viven allí. (Aplausos). Eso también se espera de nosotras. Los trabajadores y las trabajadoras tienen todo el derecho a ganarse bien la vida y, sin duda, trabajan para ello, y este Gobierno debe poner límites al precio de los alimentos, a la vivienda, a la masificación turística y, por supuesto, a las grandes superficies, que se siguen forrando. La regulación de los precios debe notarse en los bolsillos, por supuesto, pero no en los márgenes de los beneficios de las grandes distribuidoras, y por eso se lo hemos dicho en más de una ocasión: nosotras queremos introducir un gravamen para reducir los márgenes excesivos de las grandes empresas de la cadena de la producción y también de la distribución de alimentos. Comer no es un capricho -creo que lo saben todos aquí- y alimentarse bien no puede ser ni un privilegio ni tampoco un nicho de mercado para grandes corporaciones sinvergüenzas. Estaría bien que lo dijéramos así. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.