«La legitimación democrática de cualquier juez nunca se puede apartar, y menos en derecho penal o en derechos en los que se juega la libertad de una persona o varias, de los caminos marcados por el legislador y el legislador somos nosotros. El legislador no es el juez Llarena. Los jueces no pueden generar leyes. Las leyes las generamos en los parlamentos, en los congresos. Los jueces no pueden generar leyes y Llarena quiere legislar a través de sentencias. Llarena -repito- quiere legislar a través de sentencias. España no tiene un problema llamado presidente Puigdemont, España tiene un problema con la democracia y tiene un problema con el Tribunal Supremo. En cualquier otro Estado democrático y de derecho este juez sería sustituido inmediatamente. Lo digo así, no lo quiero decir de otra forma, no quiero disimular mis palabras. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Cualquier licenciado en Derecho que esté en esta sala, como yo misma, lo sabe, porque esto es de primer año de Derecho. No obstante, es verdad que el Partido Popular ha ido usando estos jueces no demócratas, o antidemocráticos de hecho, para sus propios beneficios, para enfrentarnos a todos, para desgastar al Gobierno, pero también es cierto que el presidente del Gobierno, el Gobierno en su conjunto tampoco está siendo valiente, porque ¿qué piensan hacer cuando ven que la democracia, que el Estado de derecho se está perdiendo, se está diluyendo en las manos de estos jueces?»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.