«Con la venia. En esta PNL del Grupo Popular se propone esencialmente que esta Cámara solicite al Gobierno el reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela. Pero, más allá de esta cuestión -nosotros estamos conformes y hemos solicitado públicamente que así se proceda por el Gobierno español, que es quien puede hacerlo-, tenemos que denunciar hoy aquí la calculada ambigüedad del Gobierno del Partido Socialista en esta cuestión que atañe a Venezuela en general y, en particular, a las últimas elecciones presidenciales del 28 de julio, porque la izquierda no consigue desprenderse de su ideología históricamente matriz, que es el marxismo, y sigue apoyando abierta o solapadamente a todos los regímenes políticos de este signo, no solamente al bolivariano o chavista de Venezuela, sino también al cubano, al nicaragüense, etcétera. En octubre de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores, ministro de escasa talla -se entiende en sentido diplomático-, incompetente y errático, pidió a la Unión Europea que levantase las sanciones, las medidas restrictivas impuestas a la República de Venezuela, en particular al régimen chavista, por un reglamento de 2017 del Consejo de la Unión Europea. Todavía en abril del 2024 el señor Albares insiste en esta petición a la Unión Europea y la Unión Europea, en un gesto también ambiguo y calculado sobre el que luego diremos algo -calculado, aunque es difícil entender la finalidad de ese cálculo-, unos días más tarde, en mayo de este mismo año, es decir, unos días después de la petición del ministro español de Asuntos Exteriores, exactamente el 13 de mayo, decide prorrogar las medidas, pero no por el plazo habitual de prórroga, que es de un año, sino prorrogar solamente algo más de seis meses y medio, exactamente hasta el día 10 de enero de 2025, en un gesto de favor hacia el Gobierno venezolano -de la Unión Europea, la Comisión y el Consejo-, de favor hacia ese régimen, una vez que se había alcanzado el llamado Acuerdo de Barbados entre la oposición y el Gobierno venezolano por virtud del que se pactó que se reconocería a la oposición el derecho a elegir libremente su o sus candidatos a la Presidencia de la República en las elecciones que se celebrarían en julio.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.