«Por todo ello, quiero decir que nos congratulamos porque se ha hecho un gran trabajo. Además, esta mejora de la legislación ha venido con un amplio consenso por parte de muchos grupos de la Cámara y ha habido un amplio acuerdo. Pero nos gustaría añadir que tanto nuestro grupo parlamentario como el Grupo Mixto veníamos reivindicando una cuestión, y es la disposición adicional recogida en el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, que aborda la cancelación de la inscripción de antecedentes penales en el registro de penados. Este texto establece una cosa que entendemos que es un problema grave, que es un silencio administrativo negativo si no se contesta en plazo a esta solicitud de antecedentes. Claro, con esto no podemos estar de acuerdo porque se está generando no solo una indefensión, sino un grave perjuicio en muchas de estas cuestiones, sobre todo en casos de extranjería. Por ello, optamos a un silencio administrativo positivo para garantizar los derechos de todas las personas y mejorar esta ley. En todo caso, lo verdaderamente importante es que los antecedentes penales de una persona se basen en hechos reales y sentencias justas y no, por ejemplo, en la injusta sentencia, fundada en ningún hecho, de las seis de La Suiza o los seis de Zaragoza que, como decía ayer Spanish Revolution, llevan ya sesenta y un días en prisión por un delito que no cometieron. (Aplausos). Mientras tanto, empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por retrasos en el sistema; retrasos en el sistema para unos y para los otros cárcel. Señores, esto no es justicia, es una vergüenza. Los seis de Zaragoza son chavales que se manifestaron contra ustedes en 2019, contra sus proclamas racistas, contra sus programas xenófobos y que sufrieron una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel y siguen en prisión por un caso que se han inventado. Siguen en prisión porque no se les dejó aportar ningún tipo de prueba, ni la testifical, por un lado, ni se les dejó tampoco aportar prueba documental o prueba de las cámaras de seguridad que demostraban que eran inocentes. Es una condena con un solo propósito: instalar el miedo en la juventud aragonesa y de todo el Estado.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.