«En los últimos años han aprobado importantes reformas que han pretendido agilizar la tramitación de los procedimientos ante las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social, pero sigue pendiente un cambio real del procedimiento penal, que no hay que olvidar que es el que da respuesta a casi dos tercios de los asuntos que cada año ingresan en nuestros órganos judiciales. Tras sesenta y cinco modificaciones -bueno, con la del punto anterior del orden del día de hoy, si se aprueba, sesenta y seis- de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 se pone de relieve la necesidad de un nuevo texto que no soporta más parches. Señorías, una sociedad avanzada, informada, tecnológicamente más desarrollada y mejor comunicada merece una organización acorde con sus necesidades que pueda dar, sin merma de garantías, una respuesta rápida y de calidad a los conflictos que la justicia tiene que resolver, aprovechando sus recursos personales y materiales de una forma racional. Es parecer unánime que el diseño actual está agotado y no debería demorarse por más tiempo una reforma.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.