«Señorías, la experiencia en la aplicación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, muestra la oportunidad de reformar determinados aspectos relativos al intercambio de información de antecedentes penales con el resto de países de la Unión Europea que venían siendo regulados tanto en la referida ley orgánica como en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, con sujeción, en todo caso, a la regulación vigente en el tratamiento de datos de carácter personal. Se modifica así la rigidez del actual sistema, que impide la retransmisibilidad de todas las sentencias dictadas en España, de acuerdo con la Decisión Marco 2009/315, respecto tanto de condenas dictadas por los tribunales españoles como de las recibidas por parte de las autoridades centrales de otros Estados miembros, sustituyéndolo por otro más flexible y acorde con el principio de reciprocidad, con arreglo al tratamiento que le dan los Estados a este parámetro y sin perjuicio de la salvaguarda de la reserva a las autoridades judiciales españolas, entendiendo por estas, de acuerdo con el concepto autónomo acuñado por la Unión Europea, los jueces, los tribunales y fiscales dentro de sus respectivas competencias.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.