«Queremos que el Gobierno español delegue a la Generalitat las competencias hídricas plenas en todo el ámbito territorial de Cataluña, incluido el tramo catalán del Ebro. Por ello, necesitamos una nueva ley de aguas que sirva, también, para determinar el régimen jurídico de las aguas costeras y continentales. Porque, aquí, no solo está en juego la energía, sino el bien, cada vez más escaso, del agua. En su proposición no de ley, proponen que las comunidades autónomas puedan acceder al uso del agua previa autorización del Estado. Nosotros vamos mucho más allá; queremos la gestión integral, la titularidad. También vamos más allá de la enmienda propuesta por el BNG. Denuncian, y aquí sí estaríamos de acuerdo, la lentitud de las tramitaciones para la reversión a dominio público de las concesiones o la falta de transparencia en las extensiones de algunas de ellas. Somos conscientes de que forma parte de la situación de dominio de un oligopolio que tiene el 90 % del mercado eléctrico español; tres empresas que son prácticamente intocables, entre otras cosas, porque, cuando hay mala praxis, acostumbran a hacerlas al límite de lo que la ley permite.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.