«Como decía, este texto amplía las garantías y el control en dos aspectos: el parlamentario y el judicial. Respecto al control parlamentario, se propone que los diputados y diputadas del Congreso puedan ser informados sobre los medios utilizados por los servicios de espionaje; por lo tanto, se facilita el control parlamentario sobre su funcionamiento. Y, respecto al control judicial, se propone que el control judicial de las actividades del CNI, que actualmente está en manos de un solo juez del Tribunal Supremo, pueda llevarse a cabo por tres jueces del Alto Tribunal y que, además, esas decisiones se adopten por unanimidad. Entendemos que esto se hace en aras del principio de proporcionalidad y para valorar el nivel de intromisión y de afectación a los derechos fundamentales. También se propone que los jueces sean informados de los medios que utilizará el CNI para sus actividades y se plantea que el CNI esté obligado a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas y el control posterior de los jueces sobre las autorizaciones realizadas. Es decir, se busca un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.