«La inteligencia tiene como finalidad la seguridad del Estado, no tiene un cheque en blanco para dedicarse a intereses espurios, como la persecución del adversario político. Como todo poder político, tiene que quedar sujeto al principio de legalidad propio del Estado de derecho. La seguridad nunca puede ser una excusa para saltarse el ordenamiento jurídico y la prohibición de la arbitrariedad. Precisamente la responsabilidad política y el control judicial de los servicios de inteligencia es lo que exige el Estado de derecho europeo. Me remito al informe de la Comisión de Venecia de 2015 sobre la supervisión democrática de las agencias de inteligencia y también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la injerencia del Estado en los derechos del individuo tiene que quedar sujeta a los principios de legalidad y proporcionalidad, sobre todo cuando se trata de la intervención de dispositivos informáticos, y siempre con el control previo y posterior judicial para constatar que no se han producido violaciones ni actuaciones desproporcionadas. Pero vayamos al elefante que tenemos en la habitación en este debate. En 2022, como ustedes saben, estalló el escándalo del espionaje masivo al independentismo catalán con el programa espía Pegasus por parte del Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles, el famoso catalangate. La revista The New Yorker -aquella revistilla que la ministra Robles despreció diciendo que no conocía, no sabía cuáles eran las fuentes utilizadas para denunciar el independentismo catalán- publicó un informe con el título: Catalangate, la operación de espionaje masivo contra los catalanes, Pegasus. También, un informe, Citizen Lab, destapó el escándalo de ciberespionaje, con sesenta y cinco políticos, periodistas, abogados que vieron sus derechos a la intimidad, al secreto de la comunicación y a la defensa directamente vulnerados por la actuación del Gobierno español, no por motivos de seguridad, sino por motivos estrictamente políticos. ¿Y qué hizo el Gobierno de Sánchez? En primer lugar, el Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles negó la realidad, negó las pruebas, desacreditó a Citizen Lab e incluso desacreditó a The New Yorker. En España no se espía.»

Fragmento 7 de 10 de esta intervención.