«Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el preámbulo de la proposición de ley del PNV de reforma de las dos leyes de 2002 que rigen la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, la reguladora del propio CNI y la reguladora del control judicial previo, es perfectamente claro en sus razones. Ya hubo el precedente de las escuchas ilegales del CESID, entre 1983 y 1999, que motivaron la necesidad de ambas leyes de 2002, y posteriormente hemos asistido a las escuchas ilegales al presidente del Gobierno, a varios miembros del mismo y a diferentes dirigentes políticos que acabaron con el cese de la directora del CNI y las denuncias ante los tribunales por parte de los afectados. Actualmente hay operativas cuatro comisiones de investigación en esta Cámara, de las que tres tienen que ver con temas relacionados con la inteligencia y la seguridad nacional. Como han explicado los proponentes, se trata de abrir un debate, en primer lugar, sobre cómo reforzar la responsabilidad directa entre el presidente del Gobierno, el nombramiento del director o directora del CNI y las actuaciones de los servicios de inteligencia; en segundo lugar, sobre cómo mejorar el control político por parte de esta Cámara, donde reside la soberanía nacional, de las intervenciones del CNI autorizadas judicialmente a través de la Comisión de gastos reservados, y, en tercer lugar, cómo reforzar la eficacia del propio control judicial mediante un órgano colegiado de tres magistrados del Tribunal Supremo que actúen de forma unánime, y esta es la más novedosa de las tres propuestas.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.