«El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución que debe garantizarse. La saturación de muchos de los juzgados de violencia sobre la mujer no garantiza a las mujeres víctimas de violencias machistas este derecho. La asistencia jurídica gratuita y la asistencia letrada accesible especializada también son derechos de las víctimas y deben ser reforzados. (Aplausos). Podemos debatir sobre cuál es el mejor instrumento para garantizar esta asistencia, pero no hay duda de que todos, todos los grupos de esta Cámara deberían trabajar para que los tribunales garanticen unos procesos judiciales justos, ejerciendo la obligación de la diligencia debida en su forma de investigar, juzgar y decidir. Estas transformaciones en relación con la especialización de los distintos actores, no solo de la judicatura sino también las fuerzas y cuerpos el Estado en los casos de violencias machistas, nos permiten no solamente construir un sistema de justicia que responde a las leyes de las que nos hemos dotado de protección a las víctimas, sino también que los tribunales se asemejen más a la sociedad en la que queremos vivir, que consigamos que las reivindicaciones feministas permeen en la práctica de los tribunales consiguiendo hitos históricos como las sentencias de La Manada o del caso Alves, hitos que no se hubieran conseguido sin el movimiento feminista, que es el principal movimiento de transformación de este país. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.