«Se m'acaba el temps. Simplement, com ha dit també qui m'ha precedit, espero que aquesta proposta de llei no sigui una de les centenars i centenars que queden en un calaix, perquè això debilita la nostra democràcia, perd el sentit i donem falses expectatives a la gent. El pitjor que es pot fer és això, sobretot amb la gent que pateix. Moltes gràcies. Buenas tardes. Gracias, presidente. Bienvenidas las asociaciones de luchadores a favor de las víctimas del amianto, sindicatos. Y quisiera nombrar concretamente a Joan García, que cada día me recuerda que la lucha en esta materia continúa. Nos hemos hecho amigos por WhatsApp, porque casi prácticamente cada día me envía las últimas noticias, y da gusto trabajar con personas que dedican su vida a causas como esta. Imagínense por un momento, señoras y señores, la impotencia de respirar sabiendo que cada inhalación puede estarle matando a uno lentamente. Esta es la cruel realidad a la que se enfrentan miles de personas de los distintos pueblos del Estado español, víctimas silenciosas de un material que ya sabían peligroso, el amianto. Y el Estado, que tenía la obligación de velar por la salud de sus ciudadanos, permitió que esto ocurriera. Las comparaciones son odiosas, pero esta viene al caso. En Francia, hace más de veinte años que existe un Fondo de compensación para las víctimas del amianto, que ha repartido más de 6626 millones de euros, y aquí todavía seguimos esperando. Mientras tanto, en el Estado español, el amianto sigue causando 4582 muertos al año, según datos del mismo ministerio. Y lo peor es que hay una cifra que económicamente es brutal o que, como mínimo, es muy significativa: solo un 0,44 % de los muertos por cáncer de pulmón, bronquios o laringe tienen reconocida la enfermedad profesional, solo un 9 % en el caso del mesotelioma -perdón me cuesta pronunciarlo-. Esto no es justicia, sino que es abandono.»

Fragmento 4 de 7 de esta intervención.