«Tras años de lucha por parte de las víctimas, sindicatos y grupos parlamentarios, conseguimos la aprobación de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, una ley que contó con el apoyo unánime en esta Cámara. ¿Pero de qué sirve una ley sin su reglamento, sin un reglamento que la haga efectiva? ¿De qué sirven las promesas si luego no se cumplen? Señoras y señores diputados, han transcurrido muchos días desde que la ley concedió un plazo para aprobar su reglamento, algo que ha ignorado el Gobierno; igual que se han ignorado las alegaciones presentadas por víctimas y sindicatos. Es un Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras miles de personas siguen sufriendo las consecuencias del amianto. Y no nos equivoquemos, no estamos hablando de un plazo flexible u orientativo, la propia ley aprobada en esta Cámara establecía claramente un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario -ocurre lo mismo que con la auditoría de las pensiones, que se hacen, pero luego no se cumplen-; tres meses que finalizaron en febrero de 2023, hace demasiado tiempo, y cada día que transcurre sin que el Gobierno actúe, más víctimas del amianto ven vulnerados sus derechos, personas que tras sufrir en primera persona la negligencia de las empresas, que antepusieron los beneficios económicos a su salud, ahora se enfrentan a la indiferencia de los poderes públicos, de modo que son doblemente victimizadas: sin justicia, sin reparación y muchas veces, tristemente, sin tiempo.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.