«Si las enfermedades producidas por el amianto son una tortura, el proceso de reclamación de sus víctimas es un calvario, porque se ven obligados a demostrar que sus fibrosis pulmonares, cánceres de pulmón, pleura, laringe o mesoteliomas lo son por exposición al amianto treinta o cuarenta años atrás. Sin ello, las empresas y tampoco las mutuas las reconocen como enfermedad laboral, a pesar de la falta de medidas preventivas, como el registro de los trabajadores expuestos al amianto. Y se acaba produciendo un registro a la baja, que no representa en toda su magnitud epidemiológica la incidencia alarmante de estas enfermedades laborales. La situación es todavía más injusta para quienes enfermaron en el entorno familiar como resultado de la contaminación ambiental o laboral sin pruebas de la exposición, quedando sin derecho a prestaciones de enfermedad profesional ni indemnización. Cuando le diagnosticaron al filósofo Jesús Mosteirín el mesotelioma que acabaría con su vida, se hizo la siguiente pregunta: ¿pero yo cuándo estuve en contacto con el amianto? Una parte importante, por no decir todo, del fibrocemento instalado tiene caducada su vida útil y hay que desinstalarlo con todas las precauciones debidas, porque es un peligro para la salud pública general, como se ha puesto de manifiesto en colegios, trenes y en el propio metro. Es importante acreditar la capacidad real de llevar a cabo esta tarea de las empresas de desamiantado para terminar de una vez por todas con una epidemia contra la que se empezó a advertir ya a comienzos del siglo pasado. Como también es importante trasponer la Directiva 2023/2668 del Parlamento Europeo y la del Consejo de 22 de noviembre de 2023, cuyo límite de trasposición es el 25 de diciembre de 2025. Como señala el informe del Ministerio de Trabajo sobre la PNL que hoy discutimos, hay que tomar en serio esta trasposición; y, sobre todo, anuncia una campaña específica de la Inspección de Trabajo sobre el amianto a lo largo de 2025.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.