«Miren, esto es mucho más fácil. Se trata de gobernar con sensibilidad, de pensar lo que se aprobó en esta ley, que son solo indemnizaciones, porque ya es imposible dar solución al dolor que estas familias han tenido que pasar viviendo las consecuencias del uso del amianto. No les engañen más, no se lo pongamos más difícil. Pese a la opinión de la ministra, el tiempo sí que es importante y la demora sí que perjudica a las víctimas, como cualquier demora perjudica a quien corresponde. El INE cifra en 4582 los fallecidos al año; veinte meses son 7637 fallecidos. ¿Afecta o no afecta la demora? Para los afectados o para sus familias -porque muchos de ellos ya no lo pueden reclamar por sí mismos- el consenso de esta tarde puede ser reconfortante, pero no es suficiente. En este caso hay una forma muy sencilla de tratar a las víctimas con sensibilidad: no seguir dejando en el cajón sus reivindicaciones ni sus derechos. Esta proposición, pese a presentarse como una PNL, no es un posicionamiento político; esta ley -supongo que hasta los diputados del Grupo Parlamentario Vasco estarán de acuerdo- sí que está en el BOE y sí que obliga al Gobierno a seguirla. Pero yendo un paso más allá, esa sensibilidad a la que me refería debe entrar también a dar una cobertura presupuestaria digna a las indemnizaciones previstas en la ley. Los 25 millones de euros presupuestados son una cantidad que ni de lejos alcanza las necesidades que se derivan de las indemnizaciones propuestas. El preámbulo de la ley reconoce ya 7154 casos entre los años 2003 y 2009 y avanza un incremento seguro e incesante de casos hasta el año 2023.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.