«Gracias, señora presidenta. Señora Montero, señorías, comenzaré diciendo que VOX muestra un rechazo tajante al acuerdo de investidura entre los socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana. Hablamos de un acuerdo que evidencia el desprecio hacia la nación española de los firmantes, un acuerdo en el que tan solo se incluyen tres referencias a España: una alusión al Gobierno de España y dos al conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Hablamos de un acuerdo incompatible con el orden constitucional y con la legalidad. Hablamos de un acuerdo que fortalece a los partidos separatistas, partidos que chantajean continuamente al Estado español. Hablamos de un acuerdo que provoca un daño irreparable al principio de igualdad entre todos los españoles. (Aplausos). Hablamos de un acuerdo que supone un paso más en el vaciamiento competencial del Estado, un vaciamiento competencial que han protagonizado tanto los gobiernos del Partido Socialista como los gobiernos del Partido Popular. Y es que ambos partidos, PP y PSOE, desde hace décadas han llegado a acuerdos con los partidos separatistas a cambio de sus votos en las Cortes Generales o en los parlamentos autonómicos. PP y PSOE han antepuesto sus intereses como partidos al interés de todos los españoles. (Aplausos). PP y PSOE no han tenido escrúpulos en entregar competencias a los separatistas y lesionar la igualdad entre todos los españoles, porque ambos partidos llegaron en 1992 a un pacto autonómico que dio lugar a uno de los mayores conjuntos de traspasos competenciales, concretado en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre; porque ambos partidos han cedido competencias en justicia, infraestructuras y financiación; porque el PSOE aprobó sin mirar el estatuto catalán, pero el PP firmó el Pacto del Majestic, que cedía competencias de los puertos de Barcelona y Tarragona y las políticas activas de empleo. Hablamos de un acuerdo, como nos recuerda la asociación profesional del Cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado, que rompería la coordinación del sistema tributario, facilitando el fraude fiscal y afectando desproporcionadamente a los ciudadanos con menos recursos, siendo un menoscabo a la seguridad jurídica del tejido empresarial y para los contribuyentes. Hablamos de un acuerdo que pretende impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal como primer paso para lograr la propia soberanía, una soberanía fiscal que solo se puede configurar en perjuicio de la unidad de España y del principio de solidaridad entre regiones.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.