«En primer lugar, nos encontramos ante un reto social. Está claro que la movilidad es esencial para el funcionamiento de la sociedad, que condiciona toda nuestra actividad, tanto nuestros desplazamientos cotidianos como el funcionamiento de la actividad económica. Por tanto, hay un reto social que debemos atender ya que la movilidad impacta de manera relevante en la calidad de la vida de las personas y en la igualdad de oportunidades, como he indicado antes. También la necesidad de dar respuesta a los retos demográficos requiere la adaptación del sistema de transporte, pues la acumulación creciente de la población en grandes ciudades causa problemas de congestión y hace más complicado atender a la demanda, cada vez más dispersa, de zonas rurales o de escasa densidad de población. En segundo lugar está el reto ambiental. Sabemos que el transporte es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero produce, con casi un tercio del total, y que, además, los altos niveles de emisión y concentración, tanto de gases como de partículas, que se producen normalmente en entornos urbanos ponen en riesgo nuestra salud. Por tanto, la urgencia climática y la salud pública exigen la adaptación del sistema de transporte hacia una movilidad limpia y menos vinculada a la utilización del vehículo privado y la necesidad de avanzar en la descarbonización de la actividad del transporte para conseguir la descarbonización de la economía en su conjunto y alcanzar la reducción de emisiones del Acuerdo de París.»

Fragmento 3 de 16 de esta intervención.