«En tercer lugar tenemos el reto de la digitalización. Las nuevas tecnologías son la gran oportunidad para transformar la movilidad y es necesario adaptar el marco jurídico para poner esas herramientas al servicio de las personas y de la eficiencia de todo el sistema con el fin de poder ofrecer mejores servicios. Además, es necesario garantizar que las inversiones públicas se centran en aquello que genera un mayor valor social, avanzar en la toma de decisiones basadas en datos y evidencias, y fomentar las instituciones confiables, la participación ciudadana y mejorar la justificación de las decisiones adoptadas por las administraciones garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Por otra parte, no podemos olvidar que también hablamos de un sector de gran complejidad en su gobernanza, con efectos transversales en otras políticas como la energética, la ambiental o el turismo, en el que participamos todas las administraciones -Estado, comunidades autónomas, y entidades locales, y, por encima de todas ellas, la Unión Europea- y en el que hemos de colaborar con las empresas, la industria, los operadores, las asociaciones, los usuarios y la sociedad en su conjunto para poder afrontar todos los retos que tenemos por delante.»

Fragmento 4 de 16 de esta intervención.