«Dentro de ese contexto general, la Ley de Movilidad Sostenible tiene como finalidad, por tanto, constituir el marco normativo que permita que las políticas públicas de transporte y movilidad de las administraciones en España respondan mejor a las necesidades reales de la ciudadanía y del sector empresarial y a los retos actuales. Con ella se quieren impulsar de forma decisiva el transporte y la movilidad sostenibles, la digitalización y la innovación y la financiación del transporte, y desarrollar herramientas de gobernanza y colaboración entre las distintas administraciones, el sector privado, la academia y la sociedad. Se trata de una ley social que habla de derechos y de una ley sectorial porque regula mucho más a fondo algunos aspectos específicos de competencia de la Administración General del Estado. La Ley de Movilidad Sostenible tiene por objeto, en suma, establecer las condiciones necesarias para que ciudadanos y ciudadanas, así como entidades públicas o privadas, puedan disponer de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir al desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y de mejora, por tanto, de la calidad del aire.»

Fragmento 5 de 16 de esta intervención.