«Para alcanzar estos objetivos hemos buscado un proyecto de ley que se apoye en cuatro pilares fundamentales. El primero es el pilar social, con el reconocimiento, por primera vez, de la movilidad como un derecho de ciudadanía y como un elemento de cohesión social que contribuye al estado del bienestar. Deberá dar respuesta a las dos caras de la movilidad en España. De un lado, la que se deriva de la mayor concentración de la población en grandes urbes y en su periferia, y, de otro, la de las áreas rurales y pequeñas ciudades, que precisan soluciones específicas que enfrenten sus dos grandes problemas: la despoblación y el envejecimiento. El segundo gran objetivo es contribuir a la descarbonización de la economía a la vez que a reducir la contaminación atmosférica en nuestras ciudades. Por eso, el segundo pilar de esta ley es el ambiental: avanzar en el reto de alcanzar una movilidad limpia y saludable, respetuosa con las personas y con nuestro hábitat, principalmente en los ámbitos urbanos, y avanzar en la transformación de la ciudad de los coches hacia la ciudad de las personas. El tercero de los objetivos y pilar de la ley es la digitalización del sistema de transportes y el apoyo a la innovación. Pretendemos así que España se convierta en referente mundial de la nueva movilidad y sea un polo de atracción de nuevas inversiones. Finalmente, el cuarto pilar de esta Ley de Movilidad Sostenible es el de la calidad del gasto público, porque en el espíritu de la ley está invertir mejor al servicio de los ciudadanos, mejorando la calidad de las decisiones en materia de inversión y de gasto en transporte y movilidad. Así, la ley recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, con mejoras en la justificación de las decisiones de inversión pública en infraestructuras y de gasto en servicios de transporte.»

Fragmento 6 de 16 de esta intervención.