«Pero permítanme que me adentre en el texto de la enmienda. Es un texto confuso, mezcla conceptos, competencias y materias; mete en el mismo saco los derechos de los riders, los servicios de mudanza, la estructura del ministerio o conceptos fiscales. Es errático, en tanto que odia nuestro reparto competencial en materia de transporte y, por tanto, va dando tumbos sin sentido. Es simplista cuando esto es una madeja compleja -una materia como la movilidad sostenible-, con una amplia regulación europea y nacional que no se limita a este proyecto de ley. Su enmienda da la sensación de estar hecha sin rigor, sin ganas, denota improvisación, demuestra que más allá del 'todo mal' no hay argumentos. En fin, voy a intentar ser lo más ordenado y estructurado posible. Por un lado, menciona la enmienda que el proyecto no establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en España. Y aquí hay que distinguir varios planos. En primer lugar, el compromiso del Gobierno con los objetivos de descarbonización está recogido por la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, con unos objetivos ambiciosos para el año 2030 y un objetivo a 2050 de neutralidad climática de la economía. Y estos objetivos para 2030 se marcan a nivel nacional en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un documento que se remite a la Comisión Europea y que, por tanto, nos compromete como país.»

Fragmento 8 de 16 de esta intervención.