«La ley sí aborda medidas concretas con este espíritu. La ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer, si lo desean, una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones, ya que para poder crear esa tasa era necesaria una habilitación con rango de ley. Además, así se garantiza que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada ayuntamiento podrá decidir si implementa el peaje o no. No es, por tanto, en ningún caso un peaje obligatorio. Se recoge también la obligación de que los municipios de entre 20 000 y 50 000 habitantes se doten de planes de movilidad urbana sostenible simplificados, de elaborar planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad y también de que empresas de un tamaño determinado y un número de trabajadores determinado cuenten con planes de transporte sostenible al trabajo que pueden contener un amplio abanico de soluciones de movilidad, también la compartida, la colaborativa o el teletrabajo en los casos en los que este sea posible.»

Fragmento 12 de 16 de esta intervención.