«De conformidad con lo establecido por la ley, el sistema de dependencia debía ir a cargo del Estado -la cofinanciación-. Eso lo establece así la ley; de hecho, la ley establece que, en un primer bloque de las prestaciones, las que hacen referencia al nivel mínimo de protección garantizado por el sistema, tendría que asumirse de forma exclusiva el cien por cien por el Estado. Y el segundo bloque de prestaciones, las que provienen de los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas, tendría que ir un 50 % a cargo del Estado y otro 50 % a cargo, en este caso, de Cataluña, de la Generalitat de Catalunya. Por lo tanto, en conjunto -insisto, así lo establece la ley-, más de un 50 % de la financiación y, por lo tanto, del coste, debería ser a cargo del Estado. Vayamos ahora a los datos de puesta en servicio de la ley de dependencia desde el año 2008 a la actualidad. En este periodo se han invertido 18 000 millones de euros en Cataluña en el sistema de dependencia. Por lo tanto, de estos, más de 9000 millones de euros tendrían que haber ido a cargo del Estado. ¿Qué ha pasado en la práctica? Pues que el Estado, muy lejos de poner esos 9000 millones de euros, solo ha aportado 3000 y la Generalitat ha tenido que asumir 12 000. ¿Y el resto? ¡Ay, el resto! El resto es la viva imagen de la vergüenza del Estado. La resta del coste la han tenido que asumir las familias que se ven afectadas por la dependencia, porque el incumplimiento en la financiación se traduce siempre en presión frente al copago. Porque un 16 %, además del 40 % que tendría que poner el Estado, tiene que acabar suponiendo un sobreesfuerzo para la Generalitat de Catalunya y también un sobreesfuerzo para las familias mediante la fórmula del copago. Un copago que, además, muchos años ha acabado igualando lo que ponen las familias a lo que pone el propio Estado. Esos mismos euros aportados por las familias son los que aporta el Estado.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.