«Moltíssimes gràcies. Gracias presidenta. Buenas tardes. Hoy hablamos de un derecho fundamental, el derecho a la autonomía personal y a una vida digna de aquellas personas que más apoyo necesitan. Pero también hablamos de responsabilidad institucional porque el Estado no puede continuar dejando esta responsabilidad a las comunidades autónomas. Y lo que es aún peor, en el mejor de los casos, a sus familias. En 2006 se hizo una buena ley, era una gran ley. El Estado español aprobó la ley de dependencia generando muchas expectativas, muchas esperanzas porque prometía apoyo a las personas en situación de alta vulnerabilidad. Pero hemos visto como el Estado, cómo ese mismo Estado, no ha cumplido con lo que le faltaba a esa ley, una de las cosas más importantes: faltaba una memoria económica para poder hacer que no se quedara en papel mojado. En Cataluña el desequilibrio es evidente. Es inaceptable que en los últimos diez años la Generalitat haya tenido que destinar casi cuatro veces más recursos que el Estado para suplir las carencias en dependencia. La deuda no reconocida ha llegado a los 3554 millones de euros, una carga que las comunidades han tenido que asumir con los países catalanes afectados. Por lo tanto, solicitamos un sistema de financiación finalista que respete las competencias autonómicas y la sostenibilidad de estos servicios básicos para esta sociedad. Por todo eso, exigimos una financiación distinta -digámoslo así, quizá así se entienda mejor- para que se pueda cumplir con la ley. No es por capricho, no es para robar a nadie y no es para bajar impuestos, sino que los subimos para poder pagarlo.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.