«Gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean para reconocer la labor que desempeña el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Al CERMI, a todas las entidades que lo conforman y a todas las organizaciones que luchan por mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, gracias. (Aplausos). Señorías, el 14 de diciembre de 2006 publicó el BOE la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida popularmente como la ley de dependencia. Con esta ley, puesta en marcha por un Gobierno socialista, se reconocía por primera vez en nuestro país el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal de toda la población con garantía pública. Con esto se constituía el cuarto pilar del estado del bienestar: después de la sanidad, de la educación pública gratuita y universal, y después de las pensiones, todos ellos con sello socialista. La ley creó el sistema de la autonomía en la atención a la dependencia y contaba con un calendario de implantación: debía implantarse gradualmente hasta 2015, de forma que fueran atendidas en primer lugar las situaciones más graves y posteriormente, el resto. Además, como instrumento de cooperación para la articulación del sistema, se creó el Consejo Territorial, del que todas las comunidades autónomas formaban parte. La regulación del copago se hizo mediante acuerdo del Consejo Territorial en el año 2008. Pero aquí hay una realidad, señorías, y es que la llegada del Partido Popular al Gobierno dio un brusco frenazo a la ley de dependencia, desmantelando completamente el sistema. Una de las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy contenida en el Real Decreto 20/2011 fue la decisión de paralizar la aplicación del calendario de implantación de la ley. Además, el Real Decreto Ley 20/2012 introdujo numerosas modificaciones en la ley de dependencia, como la supresión del nivel acordado de financiación del sistema impidiendo que cuatrocientas mil personas pudieran acceder a la prestación, la disminución de la aportación del Gobierno de España en un 30 %, el que se restringieran los servicios de ayuda a domicilio y, algo muy importante, se eliminaron las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de la dependencia.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.