«La Ley de Memoria Democrática del 2022, a pesar de que dio pasos respecto a la ley de 2017, en Junts pensamos que ha dado menos pasos de los deseados. Por ejemplo, entrado el siglo XXI, se fue incapaz de definir con contundencia la Dictadura franquista como dictadura fascista. Insuficiente porque, a pesar de que declaraba ilegal el régimen y establecía la nulidad de las condenas y sanciones, no contemplaba las responsabilidades penales ni patrimoniales ni de ningún otro tipo, como tampoco preveía el derecho a la restitución de los derechos confiscados y expoliados a personas y entidades, como, por ejemplo, los ateneos. Una ley la del 2022, que tampoco revertía el modelo de impunidad de los crímenes franquistas, desamparando el derecho a la tutela judicial efectiva. En definitiva, no se fue ni lo suficientemente valiente ni lo suficientemente ambicioso para hacer los cambios necesarios para forzar a los jueces a investigar y perseguir los crímenes del franquismo. O dicho de otra forma, se mantuvo su impunidad, como se ha demostrado recientemente y nos lo confirma el archivo de la querella por las torturas en Via Laietana de los hermanos Ferrándiz. Por eso mismo, no es de extrañar que el franquismo haya recobrado aliento y continúe copando las instituciones, desde el Poder Judicial al Ejército, sin olvidar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también, como hemos visto hace un rato, ocupando un buen número de escaños.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.