«La AP9 es un caso distinto al resto de casos que puedan analizarse con carácter comparativo en el resto de España. No se ha tomado una decisión en Galicia diferente a la que se haya tomado en otros sitios, puesto que no se ha rescatado ninguna autopista con su concesión pendiente de vencimiento, se han rescatado aquellas que han ido venciendo. Es verdad que se ha levantado algún peaje -en concreto el de la AP7, en Alicante, de manera provisional- de una autopista que es propiedad del Estado, de SEITT, que ya había sido previamente rescatada. En ese sentido, tengo que decir que la segunda decisión que adoptó el Partido Popular en aquel año 2000 fue la de privatizar la autopista en el año 2003, pasando de ser de la empresa pública nacional de autopistas, ENA, a ser de la actual concesionaria. Por tanto, conviene señalar estas decisiones y la importancia de sus consecuencias. Fíjese que, en el caso del ministro que le habla, la trayectoria al frente del ministerio es corta, diez meses, pero yo he sido ocho años alcalde y he rescatado alguna concesión, por ejemplo, la del agua o la de los aparcamientos públicos, entre ellos el de la Plaza Mayor; este último, por cierto, bastantes años antes de su vencimiento. Por tanto, no soy sospechoso de ser contrario a adoptar ese tipo de decisiones, pero sí debo decirle que para tomarlas hay que tener dos parámetros en cuenta que son fundamentales: la legalidad y las arcas públicas. Esas son las dos decisiones que en este momento hemos de tener como condicionantes encima de la mesa, porque, si no, no estaremos haciendo el diagnóstico más adecuado.»

Fragmento 2 de 7 de esta intervención.