«Respecto al posible rescate de la autopista como consecuencia de estas políticas, las bonificaciones que actualmente se encuentran en vigor, financiadas a través de los presupuestos generales del Estado, suponen anualmente un volumen apreciable de los ingresos por el cobro de peajes de la autopista. Usted mismo lo ha señalado. No obstante, señoría, comprenderá que resulta de difícil encaje económico y jurídico llegar a unas bonificaciones del cien por cien de los ingresos de la autopista, porque eso estaría suponiendo virtualmente un rescate y porque supondría un elevadísimo coste para las arcas públicas inasumible y con claros efectos lesivos para el Estado, sobre todo teniendo en cuenta que la concesión expira en el año 2048. En cualquier caso y con estas limitaciones, tenemos la determinación, como he indicado, de mejorar y abundar en las bonificaciones de peaje ya existentes. En cuanto al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, debo decirle que, aunque nosotros no compartamos las decisiones políticas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular en el año 2000 y dejemos claro que no son nuestras y que no las hubiéramos tomado de haber estado esa misma situación, eso no significa necesariamente que no sean ajustadas a derecho. Eso es algo que está en este momento siendo objeto de delimitación. Por tanto, nosotros no somos quiénes este momento para decidir o determinar la legalidad, que está, como digo, siendo valorada por la Comisión Europea y, eventualmente, deberá serlo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En todo caso, sí le debo decir que en este asunto nosotros estamos condicionados por la ley que debemos cumplir y por el carácter reservado que tiene el propio procedimiento abierto por la Unión Europea y del que me va a permitir que no hable, porque no puedo hacerlo, porque es un procedimiento reservado. Cuando finalice, daremos todos los detalles al respecto. Por tanto, pese a que políticamente valoremos de forma negativa las decisiones adoptadas en su día por el Gobierno del Partido Popular, por todas las consecuencias que tienen para el futuro de la autopista, lo que sí es cierto es que hoy por hoy la prórroga de la concesión es legal -nadie ha declarado que no lo sea- y, por tanto, no podemos dictaminar nosotros lo contrario.»

Fragmento 4 de 7 de esta intervención.