«Muchas gracias, señor presidente. Señor Rego, en la propuesta de la ley orgánica de transferencia que se aprobó en el Parlamento gallego, presentada en 2016 en las Cortes por el Parlamento de Galicia, se contemplaba la obligación del Estado de hacerse cargo de los costes que supusiera un rescate de esta autopista, convirtiendo la AP9 en una autovía libre de peaje. Eso supondría que debería ser, con arreglo a esta ley, el Gobierno de España el que tuviera que asumir el coste del rescate. A partir de ahí se producen las valoraciones de lo que podría suponer el rescate. Entenderá que la parte que tiene que pagar, lógicamente, tiene mayor interés en ajustarse al importe real del rescate, porque quien no paga, calcula como calcula. Al que no paga todo le parece poco, pero el que tiene que pagar es el que tiene que hacer el estudio más riguroso de lo que le va a tocar pagar en el caso de afrontar el rescate de la concesión. Le puedo decir que vamos a intentar asumir el compromiso de hacer un cálculo, pero también entienda la cautela que debemos observar en este asunto, porque este asunto en cualquier momento puede tomar una dirección hacia los tribunales y tenemos que ser tremendamente prudentes. Le he hablado de los 4000 millones porque es lo que los funcionarios me han dicho que, según sus cálculos, supondría. No sé si hay un estudio igual de detallado que este que me acaba usted de pasar, igual de fundamentado, pero estoy seguro de que los funcionarios no han hecho la cuenta de la vieja, habrán hecho un cálculo en función de lo que creen que puede costar.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.