«Señorías, estas condiciones representan el mínimo recorrido moral que debemos exigir, en nombre de la democracia, a quienes en el pasado hayan sido condenados por delitos terroristas. Quien no sea capaz de cumplirlas podrá estar en la calle si ha cumplido su condena, pero no puede estar en ningún ayuntamiento ni en ningún parlamento, porque no se tiene derecho a representar ni a ser representado para legitimar la violencia y el terror. (Aplausos). Esta medida es plenamente constitucional, porque ya tiene un precedente en el año 2011, cuando reformamos, de acuerdo con ustedes, la ley electoral e introdujimos la incompatibilidad sobrevenida, que consistía en que, cuando una formación fuese declarada judicialmente continuadora de Batasuna con posterioridad a las elecciones, todos sus cargos electos incurrían en incompatibilidad y venían obligados a realizar una declaración de rechazo al daño causado y de renuncia expresa e indubitada a la violencia y al terrorismo si querían permanecer en sus cargos. Declaración que además debía ser coherente con todos sus actos y manifestaciones a lo largo de su mandato; de lo contrario, perderían el acta. Pues bien, esta iniciativa persigue lo mismo respecto a candidatos que hayan sido condenados por terrorismo.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.