«Muchas gracias, señor presidente. Tratamos hoy una enmienda de VOX en la que básicamente pedimos que se derogue una ley del año 2005, la ley de derechos de emisión de CO2. Mucha gente, sobre todo quienes nos escuchen en sus casas, es posible que no tengan prácticamente ni idea de qué es esto; quienes lo hayan escuchado alguna vez, seguro que no saben cómo funciona; y, desde luego, no hay nadie, probablemente tampoco en esta Cámara, que entienda en profundidad cuáles son las implicaciones reales de esta ley, las implicaciones terriblemente nocivas. Solo quien haya sido capaz de analizar la cuestión liberándose de los dogmas, sobre todo los de la Agenda 2030... Escucho risas en las bancadas del Grupo Popular y del Grupo Socialista y entiendo que la cuestión les haga gracia, pero yo creo que más gracias les va a hacer a los españoles cuando entiendan la traición que ustedes están cometiendo. Esta ley no es más que un impuesto encubierto -sí, un impuesto-, porque, básicamente, la Administración pública ha decidido que para emitir cada tonelada de CO2 a la atmósfera -esto es, cada vez que ustedes quemen gas en su caldera, cada vez que una industria levante la persiana, cada vez que nuestro sector industrial empiece a funcionar- hay que pagar un impuesto especial al respecto y este impuesto especial se llama derecho de emisión de CO2, es decir, tú para quemar algo tienes que pagar. ¿A quién? En principio, a la Administración pública, en una subasta pública en la que saca esos derechos a concurso, y a esas subastas pueden acudir quienes quieran. Tanto es así que, hoy en día, muchísimos fondos de inversión y prácticamente todos los bancos acuden. Se ha habilitado un mercado secundario de derechos de emisión de CO2 y casi todos los bancos y los grandes fondos de inversión, en cuanto salen a subasta, compran un gran paquete y según se va incrementando el precio a lo largo del año, porque ya las industrias van emitiendo lo que les corresponde, empiezan a venderlo, por supuesto, a mayor precio. De tal forma que vemos que en este sistema los principales beneficiarios son dos: el primero, la Administración pública con un impuesto encubierto; y el segundo, los grandes traders, los bancos o las agencias financieras que obtienen beneficios especulando con estos derechos de emisión de CO2.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.