«Cuando nacen estos derechos en el año 2005 en España -antes de esto con una directiva de la Unión Europea-, empiezan como las auténticas drogas. La primera parte de los derechos de emisión se regalan, de tal forma que los principales consumidores, es decir, la principal industria de los países afectados, no protestan contra ellos. ¿Por qué? Porque en principio esto parecía gratuito; es más, esos derechos de emisión de CO2 que recibían de forma gratuita luego podían venderlos en el mercado secundario. Lo que se ha conseguido con esto es que gran parte de nuestra industria sea ya adicta, esté enganchada a esos derechos de emisión de CO2, y ahora, como digo, entran en juego las subastas, siendo los beneficiarios el Estado, con un impuesto encubierto, y los bancos, que ya tienen todos ellos sus mesas de trading de derechos de emisión de CO2. ¿Cuánto nos cuesta esto en concreto a los españoles? Según el último informe de la Administración pública, en el año 2023 nada más y nada menos que 2000 millones de euros. Un importe nada desdeñable que lo que ha hecho es directamente engordar las arcas públicas y encarecer de forma indirecta todos los servicios sobre los cuales se ha ido repercutiendo, de tal manera que todo producto industrial que sale de España es hoy más caro por culpa de estos derechos de emisión de CO2. (Aplausos). Todos los viajes, todos los billetes de avión -porque ahora esto repercute también en los viajes en avión- serán más caros; cada vez que compremos un coche, será más caro; cada vez que participemos en cualquier cuestión que la Administración decida que ha emitido CO2, será más caro. Por lo tanto, ¿quiénes son los principales perjudicados? Los españoles. Los españoles, que con su esfuerzo irán cada día ¿a qué? A financiar la Administración pública.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.