«Así, en el Grupo Plurinacional SUMAR entendemos que la trasposición de estas directivas es una oportunidad para empezar a diseñar instrumentos eficientes y eficaces, como un banco central de carbono cuya principal función sea la gestión y el control del mercado de emisiones de gases de efecto invernadero. Este órgano gestionaría los límites de gases establecidos en los distintos niveles de la Administración recaudando y gestionando los fondos obtenidos, supervisaría el mercado secundario de emisiones, generaría información sobre los precios mediante subastas inversas, sancionaría los incumplimientos, garantizaría la aplicación del impuesto del carbón en frontera y gestionaría los distintos fondos vinculados al sistema, entre otras muchas funciones. (Aplausos). En definitiva, el banco central de carbono actuaría como intermediario entre la oferta y la demanda de derechos de emisión y centralizaría todos los mecanismos relacionados con el régimen de emisiones. Este anteproyecto de ley es esencial para avanzar en la reducción de emisiones y en la descarbonización de la economía, pero también lo es para proteger a los más vulnerables que son los que más sufrirán la transición verde si no se articula un reparto justo entre costes y beneficios. Y este nuevo régimen, precisamente, incluye el principio de quien contamina paga y aumenta los ingresos para esta transición verde justa. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.