«El caso es que los 60 000 usuarios de la AP-9 -un tercio, por cierto, aproximadamente, lo hacen al día entre Pontevedra y Vigo-, y después de treinta años, que fue lo que se tardó en construir esta infraestructura, empiezan a pensar que se les está tomando el pelo. A principios de año, sufrieron la subida de peajes más alta de Europa, no ya de España, del 7 %, cuando en Francia por ejemplo, que fue el segundo país donde más subió, fue del 3,5 %. El Gobierno de España intentó endosarle a la Xunta la bonificación a los peajes de Barcala, en Coruña, y de Vigo, y tuvimos que ir a los tribunales, y ha sido recientemente cuando el Tribunal Supremo ha reconocido que esas subvenciones o bonificaciones a los peajes las tiene que pagar el Gobierno del Estado. Intentaron tumbar un acuerdo de dos gobiernos del Partido Popular que beneficiaban a la ciudadanía gallega. Por supuesto, en la AP-53 de Ourense la parte gallega sigue siendo gratis para el usuario; de esa forma solo van 1500 vehículos diarios por la carretera nacional alternativa, y la parte estatal es la única que no tiene bonificaciones de todo el Estado, con lo cual la carretera nacional, que es una calle, tiene 10 000 vehículos al día.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.