«A partir de ese momento, se produjeron dos decisiones de los entonces responsables del Gobierno y del ministerio que explican en toda su amplitud la situación en la que se encuentra la autopista actualmente. La primera es la modificación de la concesión en el año 2000, que supuso el otorgamiento de una prórroga que llevó a una ampliación del plazo de la concesión en veinticinco años más, desde agosto de 2023 hasta agosto de 2048, pasando a ser su duración de setenta y cinco años; una decisión adoptada por un Gobierno del Partido Popular que suponía prolongar durante veinticinco años más, todavía con veintitrés años por cumplir, la carga que supone el pago del peaje para los usuarios de esa infraestructura y para los ciudadanos y el tejido empresarial gallego; una decisión que, en definitiva, si no se hubiese adoptado, habría supuesto la finalización de la concesión y la liberación del peaje el 18 de agosto del año 2023, y hoy no estaríamos aquí debatiendo sobre medidas para reducir agravios y desequilibrios hacia la ciudadanía gallega. Y la segunda decisión que se adoptó fue la de privatizar la autopista en el año 2003, que en ese momento pertenecía a la Empresa Nacional de Autopistas; mediante esta operación, el Gobierno del Partido Popular autorizó la venta de la totalidad de sus acciones. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).»

Fragmento 3 de 10 de esta intervención.