«Es decir, la situación actual de la autopista AP-9 se explica por una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular entre los años 2000 y 2003 que, por motivos de índole jurídica y económica, son muy complejas de revertir, y conviene señalar estas decisiones por la importancia de sus consecuencias. Por tanto, la situación actual es la de una autopista sujeta a un contrato concesional, con una duración total de setenta y cinco años, y a unas tarifas establecidas que deben cumplirse, no siendo viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, inasumible para la Administración y con claros efectos lesivos para el Estado. Se trata de un caso claro, que ejemplifica lo que ha acabado ocurriendo en España al cabo de los años con la red de carreteras de gran capacidad. Lo que en el pasado suponía una ventaja competitiva, a medida que se ha ido completando la red libre de peaje se ha convertido en una carga que produce una sensación de agravio y desigualdad, que en algunos casos se ha visto prolongada por decisiones como las adoptadas por el Gobierno del Partido Popular que acabo de explicar. No obstante, pese a las dificultades jurídicas y económicas para revertir esta situación, estamos rebajando la carga que supone la decisión adoptada por el Gobierno del Partido Popular y estamos aplicando importantes reducciones de peaje porque consideramos que es justo y los ciudadanos gallegos necesitan aligerar el peso que supone el pago de un peaje que se encuentra en vigor desde hace muchos años y al que le quedan por delante muchos años más.»

Fragmento 4 de 10 de esta intervención.