«Esta situación de desequilibrio territorial por la existencia de zonas en España en las que los ciudadanos tienen que pagar peajes, frente a otras en las que la circulación por la red es gratuita, es la que estamos tratando de corregir desde que llegamos al Gobierno. Con el objeto de iniciar las bases de un modelo de gestión de red equilibrado y justo para todos los ciudadanos y en todos los territorios, hemos adoptado las siguientes medidas. Hemos aprobado la liberación de los peajes de las autopistas que finalizan la concesión, siendo el primer Gobierno que no prorroga los peajes cuando las concesiones llegan al fin de su plazo. Desde que llegamos al Gobierno, cuatro de cada diez kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas: 1029 liberados de un total de 2530 existentes cuando llegamos al Gobierno. Hasta 2018 se habían aprobado treinta y tres decretos de prórrogas, con los que se han prorrogado los plazos, de media, en veinticuatro años más que los inicialmente previstos; destacan las prórrogas de veinticinco años para la AP-9 y de veintinueve para la AP-66, ambas decididas en el año 2000. De este modo, se concluye la tendencia de las prórrogas sistemáticas para alcanzar un modelo de financiación viaria más equilibrado territorialmente. Adicionalmente, hemos procedido a la rebaja de tarifas de las autopistas que gestiona SEITTSA en un 30 % y al establecimiento de la gratuidad en periodo nocturno y hemos impulsado la aplicación de bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en determinados tramos de autopistas, como en la AP-9 y en la AP-66, para mejorar su funcionalidad y compensar a los usuarios recurrentes. Estas actuaciones están contribuyendo a reducir los desequilibrios territoriales y a reducir las desigualdades generadas por el hecho de que hay ciudadanos en nuestro país que durante muchos años han venido pagando o no por la utilización de las infraestructuras viarias en función de su residencia, trabajo o lugar de origen. Estamos hablando de unas medidas que suponen un ahorro anual para los ciudadanos de más de 1400 millones de euros desde que fueron acometidas por el Gobierno de España.»

Fragmento 5 de 10 de esta intervención.