«Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor ministro. Hace usted unas lecturas fantásticas de los informes, lo que pasa es que, si bien podemos compartir la esencia de lo que dice ese informe, entra usted en cierta contradicción, porque, si ese informe a usted le dice que no se puede transferir la titularidad de esta autopista, ¿cómo es posible que hace unas semanas el portavoz socialista del Parlamento gallego viniera aquí a defender precisamente el traspaso de esa titularidad? No se entienden ni entre ustedes mismos. Lo que yo me pregunto es por qué estamos reiterando y trayendo a este Pleno una y otra vez este asunto -ya hemos dado cuenta del mismo, no sé si la semana pasada, a través de una interpelación, con un informe a instancia de parte del señor Rego Candamil, y, en plenos anteriores, con propuestas que venían del propio Parlamento de Galicia- para analizar, en definitiva, la situación que soportan los usuarios de la AP-9, esa autopista del Atlántico, que es consecuencia -permítame decirlo, señor diputado del Grupo Popular- de una concatenación de errores que son solo imputables al Partido Popular, en este caso. Hay un Gobierno del PP que prorroga en el año 2020 una concesión sin finalizar, sin concurso y a dedo hasta 2048; hay un Gobierno del PP que suscribe un convenio para ampliar la autopista en la circunvalación de Santiago -que además supone elevar el importe de los peajes en un 1 % acumulativo durante veinte años- al que usted se ha remitido; hay una prórroga denunciada ante la Comisión Europea que está en trámite y que puede ser declarada ilegal. Nos ha hablado de la imposibilidad de un rescate milmillonario que esquilmaría los bolsillos de los presupuestos generales del Estado y, con ello, de todos los españoles y, como consecuencia, peajes desorbitados en una autopista que cruza Galicia de norte a sur, peajes que soportan miles de usuarios, que perjudican la competitividad de las empresas gallegas y que solo pueden paliarse con bonificaciones, a las que se destinarán, según la página web del Ministerio de Transportes que usted dirige, unos 55 millones de euros; usted ha dicho hoy aquí 87 millones de euros al año. La verdad, es un negocio ruinoso para todos, para los gallegos especialmente, pero también para el resto de España que tiene que pagarlos.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.