«Señor ministro, cuanto más bonifiquemos los peajes más usuarios tendrá la autopista y, por lo tanto, más dinero ganará y más dinero les costará a los presupuestos del Estado. Usted lo sabe, pero creo que tiene que conocerlo todo el mundo. Las bonificaciones y los peajes en la sombra tienen un elevadísimo coste público que financia un enorme beneficio privado. Aquí usted ha dado varias cifras y otros portavoces también. Yo las he sumado y digo que entre los peajes en la sombra y las bonificaciones actuales el Gobierno ha comprometido 3400 millones de euros hasta el año 2048; 3400 millones de euros que saldrán de la hucha de toda la ciudadanía española para engrosar estos 5000 millones de beneficios que tendrán los fondos holandeses y canadienses, que son los propietarios de la empresa. Nosotros no estamos de acuerdo con este modelo de beneficios privados a cuenta de lo público. Por eso, decimos que la solución es recuperar la autopista del Atlántico para lo público. Pero no es solo una cuestión económica, también es fundamentalmente un modelo de transporte en el que nosotros creemos. La movilidad no tiene que ser un área de negocio privado, sino que tiene que estar al servicio de la articulación económica y social de los territorios. En realidad, de los 165 375 kilómetros de carreteras que hay en España, 17 660 kilómetros son vías de gran capacidad y de ellos solo 865 kilómetros están gestionados por empresas privadas a través de concesión de peaje y en 2026, cuando concluya la concesión Bilbao-Zaragoza, quedarán por debajo de 600 kilómetros. Llevamos tanto tiempo pagando peajes que ya nos olvidamos de la anomalía que supone la propia existencia de autopistas explotadas por empresas privadas. Nos parece normal, pero en realidad son tramos de la red estatal privatizados, explotados por lobbies de la construcción y fondos de inversión, muchos de ellos extranjeros, que convierten en negocio privado lo que tendría que ser una infraestructura pública.»

Fragmento 8 de 11 de esta intervención.