Manuel Lago PeñasSumar
Diputado
«Voy a citar de forma literal dos frases de la carta de emplazamiento que le dirigió a usted la Comisión Europea el 24 de abril de este año. La primera dice: Al modificar y prolongar durante veinticinco años la concesión de la autopista AP-9, el Reino de España infringió los principios generales de igualdad de trato y de transparencia. La segunda es aún más explícita contra el Gobierno de Aznar. Literalmente cito: El verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por veinticinco años era aumentar sustancialmente su valor para conseguir una venta futura más rentable. Porque pasaron ya veinticinco años y esto está muy fresco, pero sin duda el expresidente Aznar se merecía una investigación por presunta corrupción por estas decisiones. (Aplausos). Para terminar, me referiré a un tema que se ha debatido aquí hoy y en otras mociones: el precio que supondría recuperar para lo público la autopista del Atlántico. Existen metodologías diferentes para valorar una compañía, pero, en realidad, una compañía tiene un precio de mercado que determina por cuánto dinero está dispuesto a venderla su propietario y cuánto está dispuesto a pagar el que la quiere comprar. Y lo sabemos, señor Puente, porque desde el año 2016 se produjeron múltiples operaciones societarias en Itínere, que es el grupo en el que se integra Audasa, y, de todas ellas, la valoración del total de Itínere, la empresa matriz de Audasa se sitúa entre 1300 y 1500 millones de euros. Como Audasa, la autopista del Atlántico, apenas supone el 60 % del grupo Itínere, el valor de mercado que tiene la autopista está entre 780 y 900 millones de euros.»
Fragmento 10 de 11 de esta intervención.