«Señora presidenta, efectivamente, el Reglamento de esta Cámara, que todos acatamos, impide que tengamos una proporcionalidad en el tiempo para poder responder adecuadamente a las manifestaciones del señor ministro. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). No hemos venido a este debate a pelearnos con ustedes ni a debatir con ustedes, hemos venido a este Congreso de los Diputados a trasladarle a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Galicia que traemos aquí sus enormes preocupaciones sobre este tema, porque si hay un tema que en Galicia importa e interesa y está todos los días en los medios de comunicación es la AP-9, y sobre eso hemos planteado un debate constructivo. Ya sé que con usted no es fácil entrar en este tipo de debates, pero yo voy a seguir intentándolo, porque me han quedado unas cuantas cosas por decir que les preocupan a los gallegos. Entre otras cosas, le decía antes que el procedimiento de infracción que se abrió por la Comisión Europea -sobre el que no se ha producido todavía una resolución- ha abierto un escenario complejo en el ámbito económico y en el ámbito jurídico que yo creo que debe llevarnos a explorar la posibilidad de tener en cuenta qué sucedería si se declarase ilegal o se anulase esa prórroga, qué efectos jurídicos y qué consecuencias económicas tendría. A esos efectos, la Xunta de Galicia, a instancias también del Parlamento de Galicia, encargó en junio de este año a una empresa experta independiente un estudio pormenorizado del coste de diferentes escenarios. Un primer escenario era el de transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia y, según este estudio, tendría un valor de 526 millones de euros adicional a las bonificaciones vigentes. Un segundo escenario evaluaba el rescate y, en consecuencia la gratuidad, y estimaba un coste de entre 1612 y 2355 millones de euros. No son cifras pequeñas, pero, señor ministro, se ha evidenciado no solo por mi intervención, sino incluso por la suya, por la del representante de SUMAR y también por la intervención del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que existen unos costes muy elevados que hay que pagar por bonificaciones y por peajes en la sombra. Lo que no nos parece razonable es que exista una negativa por parte del Gobierno de España a lo que ha pedido por unanimidad el Parlamento de Galicia hace muy pocos días, el 25 de septiembre, que es que se solicite al Gobierno de España un estudio serio y minucioso sobre el coste que supondría el rescate y la gratuidad de la AP-9 y que se dé su traslado a la Xunta de Galicia y al resto de las fuerzas políticas. ¿Es mucho pedir esto, señor ministro? Yo creo que no y que es de justicia que se atienda esta petición. También lo hacen los siete diputados de setenta y cinco que su grupo parlamentario ha obtenido en Galicia después de las últimas elecciones celebradas. (Aplausos). Son unos votos a respetar y a valorar, pero solo son siete de setenta y cinco. Creo que eso también debe tenerse en cuenta.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.