«Hay un punto que me parece vital resaltar y dejar claro. Nuestro sistema parlamentario aparece recogido en el artículo 1.3 de la Constitución, y en su artículo 97 se afirma que es el Gobierno el que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y, por supuesto, la defensa del Estado. Por lo tanto, ejerce la función ejecutiva, además de la correspondiente potestad reglamentaria, y el artículo 1 de la Ley 50/1997, del Gobierno, establece exactamente lo mismo. Por otro lado, el artículo 66.2 de la Constitución española establece que las Cortes legislan y controlan la acción del Gobierno, pero en ningún momento se afirma que okupen, con ka, las funciones ejecutivas del Gobierno, tal y como parecen proponer ustedes en su iniciativa. Pondré un ejemplo para que quede claro. En su iniciativa hablan de las autorizaciones a la hora de enviar tropas y a la hora de enviar material a nuestros aliados como si fueran una misma cosa, pero, señorías, permítanme recordarles que el envío de tropas está regulado por el artículo 17 de la ley de la defensa, mientras que el envío de material de guerra no asociado a misiones internacionales está controlado por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. Por lo tanto, corresponde al Gobierno el planeamiento, la gestión y la ejecución de las operaciones, y al Parlamento, a nosotros, el control y la autorización de tales operaciones. Y tampoco creo que nuestra labor sea la de suplantar a los profesionales que trabajan en ellas, sino más bien la de dar apoyo político a una acción política del Gobierno, esto es, aceptar su propuesta o no y exponer todos los peros en las situaciones en que consideremos pertinentes. Estamos en la línea política general, pero no en lo concreto de la planificación o en el control de la caducidad de los plazos.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.