«Señorías, las misiones responden a necesidades específicas y no es posible determinar a priori su duración, respondiendo la mayor parte de ellas a compromisos internacionales que no pueden quedar supeditados a límites temporales establecidos de antemano. Y, del mismo modo, no entendemos justificado el porqué de fijar en cinco años el plazo específico que se manifiesta. Además, su propuesta bien puede entrar en colisión con los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de las organizaciones internacionales de las que forma parte. Nuevamente, tampoco se justifica el plazo fijado, en este caso anual, para la vigencia de la autorización y existen mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para sujetar a un estricto control parlamentario las decisiones que adopte el Ejecutivo en este ámbito. No olvidemos que la realidad de las misiones internacionales, su carácter contingente debido a la variabilidad de los escenarios en que se despliegan, dificulta la posibilidad de delimitar con carácter previo el número de efectivos y el material necesario. Pese a ello, todas las misiones tienen un número máximo de efectivos, cuya composición inicial puede ser alterada en función del ajuste de operativos que la evolución de la misión pueda requerir, de lo que se informa al Parlamento.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.