«En vez de saturar los juzgados o hacer reclamaciones al Banco de España, que es lo que está pasando actualmente, nuestra propuesta plantea la revisión por parte de la Administración de esas hipotecas, poner en marcha una solución financiera que, como hemos dicho, no supone un perjuicio para la banca, sino una renegociación de la deuda. Esta proposición de ley pretende poner fin a una larga situación injusta de los contratos hipotecarios firmados antes de 2011. En aquel año se dictó una orden ministerial muy moderna, protectora de los consumidores, ajustada al derecho europeo y elaborada con mucho detalle. El problema es que los firmantes de antes del 2011 no gozaron de la protección de la orden ministerial, firmaron sus contratos mediante una normativa insuficiente para la protección del cliente bancario en préstamos variables, cuota creciente, IRPH, cuota francesa, etcétera. La presente proposición de ley no solo arregla el problema de cientos de miles de afectados, sino que ofrece una solución justa, en la que unos no pierden la vivienda, y otros, la banca, no pierden dinero; es más, según en qué situaciones, como he dicho antes, llega a ingresar más intereses por sus préstamos.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.