«Antes decía el parlamentario que hay 183 diputados que tienen una hipoteca, yo soy una de ellas, y además con cláusulas IRPH. Hace años que lo estoy reclamando en los bancos y no hay manera humana de que me reconozcan nada. Algunos dirán: Bueno, señora diputada, pero si esto tiene que ver con la información y con la formación. Pero para poder entender cuando uno se fía de lo que el banco ofrece, es de tal calibre lo que uno lee que solamente los catedráticos de economía, si tienen una especialización en derecho hipotecario registral, podrían entenderlo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que se rompe el principio de confianza en los bancos. Yo no sé ustedes, pero yo hace años que ya no creo en este principio: a) porque el banco gana siempre y b) porque el banco pone sobre la mesa unos documentos que no son para personas ordinarias, sino que incluso los licenciados en derecho no entendemos qué demonios están diciendo. Si encima hay unas tablas de amortización que acaban siendo falsas, pues tenemos la tormenta perfecta. Por lo tanto, después de que las distintas resoluciones de los distintos juzgados, amparados en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, resuelvan contradictoriamente, el Poder Legislativo tiene que afrontar su responsabilidad y la Administración tiene que empezar a ser garante de los derechos de los ciudadanos, del derecho a la vivienda, pero también del derecho a la confianza en el banco, también de este derecho, porque a fin de cuentas no es una opción trabajar con los bancos. Ahora mismo se ingresa la nómina en un banco, se retira efectivo en un banco, ahora mismo la obtención de créditos hipotecarios se hace exclusivamente a través de la entidad bancaria.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.