«Y es que, si echamos la vista atrás, los y las socialistas hemos jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas que generan esta protección extra. Con los socialistas en el Gobierno, se aprobó en 1984 la primera ley de protección de consumidores; con los socialistas en el Gobierno se creó en España el sistema arbitral de consumo, uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Sin embargo, con la derecha en el Gobierno, en momentos muy duros para los consumidores, cuando su nivel de endeudamiento ponía en situaciones verdaderamente dramáticas a las familias españolas que no podían hacer frente a las deudas, presentamos en esta Cámara la primera ley que protegía a las personas consumidoras frente a la quiebra económica por causas sobrevenidas. (Aplausos). ¿Qué hizo la derecha entonces? Desgraciadamente, su Gobierno en aquellos momentos carecía de la suficiente sensibilidad y nuestra propuesta fue rechazada. Señorías, hablamos del año 2003. Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que la pasada legislatura aprobó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de vulnerabilidad Social y Económica. (Aplausos). Nuevamente, tuvimos que sacarla adelante con el voto en contra del Grupo Popular, que rechazó la convalidación del real decreto ley aprobado por el Gobierno, presentó una enmienda a la totalidad en la tramitación del proyecto y, finalmente, votó en contra del dictamen. Por tres veces negaron la protección a los consumidores vulnerables. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el proyecto de ley para mejorar la atención de las personas consumidoras frente a los servicios de atención de las grandes empresas, una promesa que incumplió, como tantas otras, el Partido Popular cuando tuvo responsabilidades en el Gobierno de España, pero que los socialistas recuperamos, por nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto. Específicamente, en materia financiera ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuya principal función va a ser reforzar la protección de los usuarios en servicios financieros, asegurar que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones frente a sus clientes, pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas contractuales, resolver reclamaciones con carácter vinculante y reforzar los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada,, particularmente a las personas mayores con discapacidad y a los colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.